15 preguntas esenciales a Fernando Villvicencio, candidato que disputa el segundo lugar en estas elecciones anticipadas

Por ANDE, Asociación Nacional de Empresarios

Pregunta: ¿Por qué mi candidatura es la mejor opción para el Ecuador?

Mi candidatura es la mejor opción para el Ecuador porque tengo el conocimiento, la decisión y el equipo que se requiere para liderar al país en un tiempo de turbulencia como el que vivimos. El Ecuador no puede vivir una nueva improvisación en la gestión pública ni tampoco entregar el poder a quienes tienen un conflicto de interés, ya sea por las decisiones que se requieren para la economía o aquellas imprescindibles para
la seguridad.
El próximo periodo será corto y atípico, pero se trata de meses esenciales para el país; un auténtico punto de inflexión en materia de seguridad y en los temas económicos. En la campaña hemos escogido el eslogan “Es tiempo de valientes” porque así lo creemos: se requiere valor y decisión para enfrentar a las mafias criminales y políticas que ponen a los ecuatorianos en una situación de desesperanza todos los días; pero también para encargarse de la magnitud de la crisis fiscal que enfrentará la economía nacional en los próximos meses.

¿Cómo piensa resolver el problema de falta de trabajo? ¿A qué nivel de empleo aspira llegar dentro de su mandato?
La principal política social de mi gobierno será la generación de empleo. Una persona deja de ser pobre cuando tiene la posibilidad de acceder a un trabajo digno con plenas garantías laborales. El objetivo del gobierno nacional será conseguir que la tasa de
empleo adecuado se ubique por arriba del 40%.
Entre las medidas propuestas para incentivar la generación de empleo se encuentran:
-Incentivos tributarios para modernización societaria de las empresas ecuatorianas.
-Incentivos tributarios para la contratación de jóvenes.
-Modernización del sistema de capitales para facilitar la atracción de inversiones desde el exterior, de esta manera dinamizar la economía
facilitando el desarrollo de nuevos proyectos productivos al tener estos accesos a financiamiento más competitivo.

¿Considera importante apoyar la actividad empresarial como generadora de empleo?
La empresa privada es y debe ser el motor de la economía ecuatoriana y el sector empresarial debe contar con reglas claras, predecibles y estables que les permitan planificar adecuadamente sus proyectos de inversión en el tiempo y de esta manera gozar de un marco de estabilidad que se convierta en un incentivo para la generación de plazas de empleo permanentes.

¿Cuál es la relación ideal entre ESTADO y MERCADO?
El Estado ecuatoriano debe garantizar la seguridad jurídica y la integridad física de los ciudadanos para que estos puedan hacer pleno uso de sus talentos y de su creatividad para emprender e invertir. También es deber del Estado dar las garantías necesarias a las personas jurídicas, las empresas son actores fundamentales del sistema. El Estado debe reservarse subsidiariamente la capacidad de intervenir en la economía
en casos de fallos de mercado y ejercer un rol de supervisión y control, evitando posibles abusos y la concentración de poder de mercado en manos de pocos actores.

¿Considera el candidato que es importante sostener y fortalecer la dolarización?
La dolarización ha demostrado ser el esquema monetario más conveniente para nuestro país, evitando que los políticos de turno, utilicen la emisión inorgánica de dinero para financiar artificialmente sus proyectos populistas. Defender la dolarización será la prioridad número uno de la política económica de nuestro gobierno y la mejor manera de protegerla será el incentivar el ingreso de divisas a nuestro país garantizando la seguridad jurídica, combatiendo al crimen organizado, incentivando la modernización del sistema financiero y del mercado de capitales y completando la desmantelación progresiva del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), que en la práctica se ha convertido en un impuesto al ingreso de capitales a nuestro país.

Enuncie las 5 principales medidas para resolver el problema de seguridad
La grave crisis de seguridad que vive el país requiere respuestas inmediatas, pero también políticas que impacten las causas estructurales. En lo inmediato, estas son las medidas más importantes:
-Garantizar el equipamiento de la policía, su capacitación permanente y respaldar institucionalmente su actuación; esto incluye cubrir los costos de su defensa judicial en casos de cumplimiento del deber.
-Fortalecer y financiar el sistema de inteligencia. Se requiere investigación y anticipación para impactar las estructuras criminales y no solo reaccionar frente a delitos. Eso implica fortalecer los mecanismos de investigación e inteligencia. El país no tiene una ley de inteligencia, para contar con estos mecanismos debe impulsarse la aprobación de la legislación de inteligencia y contra inteligencia. --Impulsar el proyecto de Ley de Extinción de Dominio. Esta norma se diferencia de otras regulaciones que existen en el país porque no busca identificar el delito cometido por una persona (por tanto, no requiere esperar todas las instancias jurisdiccionales) sino que exige la evidencia del origen lícito de bienes y capitales; de no poder demostrarse, se extingue el dominio sobre ellos y pasan a ser propiedad estatal. Esta ley es una herramienta vital para atacar las economías criminales e impedir que las estructuras delictivas se mantengan operando gracias al capital, con independencia de la captura de sus agentes.
-Depuración de Policía y Fuerzas Armadas. Es reprochable pero común la contaminación de un porcentaje de policías, militares, agentes aduaneros; en general, funcionarios encargados del cumplimiento de la ley. En lugar de cerrar los ojos frente a esta realidad, se deben implementar políticas de integridad y supervisión muy estrictas para separar de las instituciones a quienes han sido cooptados por las organizaciones criminales. Un examen patrimonial y la aplicación de pruebas de confianza resultarán efectivas e inmediatas.
-Fortalecer las operativas de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) para que provea de información a las instituciones de seguridad y a la Función Judicial, lo que debería permitir su propio proceso de depuración.